Abogados veracruzanos buscarán amparo contra malas instalaciones judiciales
Abogados veracruzanos buscarán ampararse ante el estado en el que se encuentran las instalaciones de la ciudad judicial y los juzgados en la región central del estado de Veracruz. José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados, aseveró que se trata de buscar las vías legales para que las autoridades administrativas cumplan con su obligación de dar mantenimiento.
Explicó que los problemas van desde la falta de infraestructura y personal especializado en áreas específicas para atender a los justiciables, hasta la carencia de aires acondicionados y la inoperancia en elevadores.
Estamos estudiando la posibilidad de promover un amparo toda vez que las obligaciones de las autoridades administrativas que se encargan del mantenimiento son las que llamamos facultades regladas, lo que significa que estas obligaciones se tienen que cumplir aún sin solicitud previa, entonces tienen la obligación de mantener los edificios donde se administra la justicia, tienen la obligación de mantenerlos en adecuado y óptimo estado”, explicó Alberto Priego.
Detalló que en el área del Centro de Convivencias Familiar, no hay condiciones para los niños que deben ir a encontrarse con sus padres y es uno de los requisitos especificados en el reglamento al igual que a este tipo de encuentros es la supervisión que un médico cuando entran y salen los pequeños. Tampoco hay videocámaras para vigilar los encuentros familiares.
Otro problema es que hay trabajadores que permanecen más de 10 horas en las instalaciones judiciales que no cuentan con aire acondicionado y tampoco hay mantenimiento, lo que provoca que los plafones se comiencen a desprender. Aunque hubo el compromiso de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, de que ya comenzarían a rehabilitar las instalaciones, siguen esperando.
En el caso de los elevadores, tanto el personal como los justiciables han emitido quejas al órgano interno de control porque hay quienes no pueden subir por las escaleras y al estar imposibilitados no les permiten acceder a los trámites necesarios, coartando así sus derechos.
